La reciente reforma política aplicada al Poder Judicial de la Federación ha demostrado ser una maniobra malintencionada que ha desarticulado y debilitado a este poder constitucional, no solo frente al poder político, sino también ante los intereses del dinero y el crimen organizado.
La promesa de democratizar la justicia se ha convertido en un lastre que sigue dando tumbos por lo mal planeada y peor ejecutada que fue desde su origen.
El reiterado desacato a las determinaciones de jueces y magistrados ha sido una constante en este proceso, evidenciando la falta de respeto del poder político hacia la división de poderes. Sin embargo, el colmo de la degradación institucional se ha manifestado recientemente en el Senado, donde los legisladores de la mayoría han usurpado las propias atribuciones que ellos mismos asignaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como si se tratara de un juego de azar, recurrieron a un ridículo sorteo de tómbola para completar la inmensa lista de candidatos aprobados por el oficialismo, todos ellos dispuestos a buscar el voto popular en una elección que carece de legitimidad y sentido jurídico.
Este mecanismo de selección, lejos de fortalecer el acceso ciudadano a la justicia, sella la captura del Poder Judicial, garantizando que quienes lleguen a los tribunales sean afines a las directrices del partido en el poder.
Lo que debería ser un proceso riguroso basado en el mérito y la imparcialidad se ha convertido en un espectáculo grotesco donde la justicia se subasta al mejor postor.
No cabe duda de que esta elección judicial es una manzana envenenada desde su concepción, diseñada no para dar frutos de independencia y fortaleza institucional, sino para doblegarse frente al poder.
El resultado es previsible: un Poder Judicial sin autonomía, sometido a los vaivenes del Ejecutivo y sin capacidad de garantizar el Estado de derecho. Con cada paso en este proceso viciado, se confirma que la justicia en México está en peligro, y que esta reforma no es sino un asalto más a la democracia y sus principios fundamentales.
Por estas razones, la octava de las diez exigencias que el PRI plantea a Morena y a su gobierno es detener la elección judicial y redirigir los esfuerzos institucionales hacia la atención de la crisis económica que afecta a la sociedad. Asimismo, se demanda recibir a nuestros connacionales deportados con opciones serias de empleo y desarrollo, así como definir una auténtica estrategia para defendernos de las decisiones ilegales y discrecionales de nuestro principal socio comercial.
Es momento de que Morena y su gobierno asuman su responsabilidad y se pongan a trabajar.
Alejandro Moreno es presidente nacional del PRI.
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