La Unión de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos (UFW, en inglés) y cinco inmigrantes del condado de Kern presentaron este jueves una demanda contra la Patrulla Fronteriza por una redada realizada en enero en una zona agrícola de California, a más de 480 kilómetros de la frontera con México, donde opera esa agencia migratoria.
La demanda denuncia discriminación contra latinos, maltrato, abusos y coacción a algunos migrantes para autodeportarse a México, y considera «ilegales» las redadas realizadas en el Valle Central en las que detuvieron a decenas de inmigrantes.
Denuncia que Agentes de la Patrulla Fronteriza, normalmente desplegados en la frontera entre EE.UU. y México, viajaron en enero más de 480 kilómetros hasta Bakersfield, al norte de Los Ángeles, para llevar a cabo la operación.
Estos agentes pueden conducir búsquedas sin orden judicial de vehículos dentro de unos 160 kilómetros de cualquier frontera o vía marítima internacional, pero Bakersfield se encuentra alejado de la costa pacífica de California.
Durante una semana, la Patrulla Fronteriza implementó operativos en áreas predominantemente latinas del condado de Kern y sus alrededores, en los que presuntamente se detuvo y arrestó indiscriminadamente a personas de minorías, especialmente a trabajadores agrícolas y jornaleros, sin verificar su estatus migratorio real, detalla el documento legal.
Una de las demandantes es María Hernández Espinoza, quien residía en Kern County desde hacía 20 años.
Según la querella, agentes de la Patrulla Fronteriza obligaron a Hernández a firmar documentos que no le permitieron leer y que, sin su conocimiento, implicaban su salida voluntaria del país.
A pesar de sus súplicas para comparecer ante un juez de inmigración, su derecho le fue negado, indica. Hernández y al menos otras 40 personas fueron deportadas a México, separándolas de sus familias sin certeza sobre cuándo podrán regresar.
«Nos detuvieron porque nos vemos latinos o parecemos trabajadores agrícolas, por el color de nuestra piel. Fue injusto», expresó Hernández.
La demanda también expone que los agentes de la Patrulla Fronteriza desplegaron retenes en carreteras y caminos cercanos a granjas y negocios, donde presuntamente arrestaban personas con base en su apariencia.
Incluso aquellos con estatus migratorio legal fueron víctimas de detenciones arbitrarias, detalla.
En algunos casos, los agentes habrían reaccionado con violencia, rompiendo ventanas de vehículos, dañando neumáticos y, en un incidente reportado, arrojando a una mujer adulta mayor al suelo antes de liberarla tras verificar que tenía residencia legal.
La UFW denuncia que este tipo de operativos no solo afectan a los inmigrantes, sino que también generan miedo y explotación laboral en los campos agrícolas.
«Como resultado de estas tácticas coercitivas, decenas de residentes de Kern County ahora están varados en México, lejos de sus hogares y familias», se lamentó Teresa Romero, presidenta de la UFW.
Los demandantes, representados por oficinas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en California, buscan representar a personas detenidas sin sospecha razonable, a aquellas arrestadas sin pruebas suficientes de ser un riesgo de fuga y a quienes fueron forzadas a aceptar una «salida voluntaria» sin una renuncia consciente de sus derechos.
El abogado Ajay Krishnan, uno de los participantes en la demanda, que nombra también al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificó las acciones como «inadmisibles».
«Viajar 300 millas desde la frontera para detener personas basándose en su color de piel es inaceptable. Pero el comportamiento de los agentes, desde romper vidrios y cortar neumáticos hasta arrojar a una abuela al suelo antes de liberarla al ver su tarjeta de residencia, es completamente indignante», agregó.
