Las empresas de México están obligadas a alinearse en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de cara a hacer frente a la delincuencia organizada, por lo que las empresas deben evitar y documentar operaciones que impliquen la posibilidad de recursos de procedencia ilícita, señaló el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP).
Se estima en unos 50 mil millones de dólares el lavado de dinero, un delito relacionado con la corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y evasión fiscal, entre otros, señaló la coordinadora de la Comisión de Prevención de lavado de dinero del CCPEP, Sandra Berenice Espinoza Moreno.
Inmobiliarias, agencias de vehículos, joyas, relojes, traslado de valores y otras actividades vulnerables deben apegarse a los cambios para cubrir ante eventuales riesgos, por lo que deben ubicarse a las personas físicas o morales detrás de las operaciones de compra-venta.
De hecho, los sujetos obligados deben crear sistemas automatizados para dar informes a la autoridad y enviar reportes a las autoridades fiscales, aunado a procesos de control interno.
La coordinadora repasó que las sanciones por vacíos en la entrega de reportes al Servicio de Administración Tributaria van de 200 a 10 mil UMAS por incumplimiento en alguna obligación por parte de los sujetos obligados.
Espinoza Moreno sugirió ubicar al beneficiario controlador, que reciben los beneficios económicos o ejercen el control en alguna entidad.
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