La retahíla de desplantes soberanistas, patrioteros y nacionalistoides de la presidenta se han desfondado penosamente ante todos. No esta semana, o no sólo esta, aunque ya sea innegable. Sin ser movimiento de pinza, como tampoco coincidencia, la cancelación de las visas a la gobernadora de Baja California y cónyuge al tiempo que por la garita de San Ysidro (Tijuana) se acogiese a un acuerdo de testigos protegidos la familia de conocidos narcotraficantes, borra las diferencias entre gobernantes y crimen organizado. No las hay. Ni en estilo—buchón—pero mucho menos en substancia y sobre todo por las acciones corroborables en los rastros de papel, video y movimientos aduanales. Nada de ello escapa al ciudadano común, así sea sólo por chisme e inocultable vulgaridad del dinero rápido y mal habido, sabiendo que los aparatos de inteligencia policial, militar, naval e incluso privada de México y los Estados Unidos lo han documentado oportunamente. Nada es sorpresa, pero supone una segunda generación de cuestionamientos respecto a qué tan involucrado está quién para que se haya llegado a este nivel de promiscuidad en cuántos estados y por qué recurren a la risible amenaza de acusar con “violencia política de género” (a quien sepa atarse los zapatos). Si bien, no todas las gobernadoras de morena deben estar al mismo nivel, las hay suficientes, lo que obliga a pensar si para los hombres usarán el artificio de la senectud como excusa antes de cambiarlos por otras.
De sobra es conocida la historia de la producción y abasto de amapola y posteriormente mariguana desde México a los Estados Unidos, como una política acordada por gobiernos y ejércitos, cuando el acceso a los mercados en las zonas de producción de opio en Asia central y sureste asiático estaban restringidas. La investigación en opiáceos no ha parado y se debía tener acceso confiable a ellos, como que su sustituto recreativo permitía en conjunto infiltrar y aplicar políticas de incriminación contra grupos sub-generacionales y guetos. Esa historia está muy bien contada por el sociólogo sinaloense Luis Astorga. De hecho, no refiero ningún libro o ensayo en particular, pues es insistente, quedando ya el detalle al gusto de quien quiera checarlo. A ese marco institucional e intergubernamental se irían sumando los cargamentos de cocaína de forma incremental desde los ochenta del siglo XX y después la crisis actual del fentanilo. De ahí que suponemos que mandos militares, civiles y policiales saben quién es qué en el negocio, cuándo anda en dónde y cómo le hace. Aquí tampoco hay secreto. Está muy bien documentado que todos los presupuestos que no pueden pasar por el congreso estadounidense, en especial los de la CIA y otras agencias con operaciones encubiertas, se financian con dinero del narcotráfico. Desde las guerras del opio contra los chinos llevada a cabo por el imperio británico, pero franceses, estadounidenses y neerlandeses aprenderían y las replicarían con gusto. Destaca así la política de armar ejércitos con carne de presidio hechos pasar por indígenas como los Montagnards en Indochina, replicándose por todo el sureste asiático, África ecuatorial, Centroamérica y también México. Esos ejércitos irregulares y escoria auxiliar (coordinando desde burdeles hasta guarderías, fondas, clínicas, estéticas, barberías, defensorías de malandrines, e iglesias, así como el resto de la precaria infraestructura necesaria) se avía con las actividades de “contrabando y traición”. El fin no es el negocio en sí, por más que en el camino se confundan gobiernos locales, burguesías rancheras, clases compradoras y marchantes palurdos, sino el control político para la fragmentación de cualquier proyecto contrario a los intereses del imperio. Si alguien quiere leerlo está ahí el libro THE POLITICS OF HEROIN de Alfredito McCoy.
Ahora, el manejo de esos proxis supone suficientes diques y esclusas de contención. Las mismas existen institucional e informalmente en los Estados Unidos y las metrópolis. Es al nivel del arribismo político de las “(qu)élites indígenas” donde se pierde el piso. Para ello se supone opera el hampa, pero eso se tuerce por la debilidad institucional vía su proverbial corrupción en que se inhibe la separación de frijol de gorgojo. Sin sistemas educativos, de salud y vivienda dignos, sin ninguna ética asociada a la movilidad social y sin probidad en las tareas de la sociedad política, los procesos de degradación son inevitables. Lo relevante en ellos es la velocidad a la que ocurren. Así el PRI como “dictadura extraña” (asegún el Gilligham) puede presumir fue casi un siglo el que les tomó pudrirse desde 1929 hasta 2018. Ciertamente hay un paréntesis panista en el epílogo, pero el acuerdo era suyo desde los cachacos roba vacas y asesinos, en los que ninguno se salva, hasta que ya no pudieron entenderse con los civiles. Ni sus peones agropecuarios como tampoco las policías, los banqueros, testaferros en sus negocios fachada, etcétera. Simplemente, “les crecieron los enanos”. Es contra eso que debe medirse al nuevo partidazo. Más de un colega dirá son lo mismo, mientras que otros recurrirán a la babosa cantaleta del “cochinero que les dejaron”, pero lo cierto es que están muy a gusto en él, como en casa pues—habiéndose malparido en las cañerías institucionales del “sistema” en su conjunto—. Eso es elocuente por la velocidad a la que se envilecieron como tantas otras (qu)élites coloniales del sureste asiático, Asia central, Levante, África ecuatorial, países andinos y por donde se le busque. Vaya, hasta los centroeuropeos, que nunca fueron colonias, tuvieron que contener la lógica del prostíbulo a la Ucrania.
De hecho, ante la negativa de dejar que los estadounidenses participen en la purga de los grupos sin control es que mostraron lo enclenque que es el castillo de naipes de morena. Con quitarle la visa a una gobernadora y dejar entrar a una madrota evidencian lo que se sabe de tantas y que, pese a toda la verborrea de techos de cristal o lenguaje incluyente, es que no se mandan solas. Ninguna, por más que reclamen destrozar al idioma e inteligencia. Eso al menos es ya innegable.
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