La cadena PBS, la televisión pública estadounidense, anunció este viernes que interpuso una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por el decreto del mandatario que ordenó recortar sus fondos federales y los de la radio pública NPR.
La demanda, interpuesta en el tribunal federal del Distrito de Columbia, sostiene que el presidente no tiene autoridades para actuar como «árbitro del contenido de la programación de PBS» ni tampoco puede influir en las decisiones de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), un organismo que depende del Congreso.
Asimismo, considera que el plan de Trump viola la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de expresión en el país, por lo que solicita al tribunal que suspenda de forma cautelar la orden ejecutiva del mandatario.
La demanda de PBS se suma a la que presentaron el pasado martes NPR y varias de sus emisoras afiliadas contra el Gobierno de Trump por el mismo motivo.
Trump ordenó a principios de mayo principios de mayo a la CPB reducir al mínimo legal el presupuesto actual de NPR y PBS, a las que ha acusado en reiteradas ocasiones de mantener un sesgo izquierdista.
La orden ejecutiva también incluye negar cualquier “financiación futura” para ambas emisoras, cuyos fondos públicos son manejados directamente por el Congreso.
La CPB, creada por el Congreso en 1967, es el principal organismo de distribución de fondos federales para los medios públicos y cuenta con un presupuesto de unos 535 millones de dólares para el actual año fiscal.
Aunque los fondos federales representan cerca del 1 % del presupuesto total de NPR, suponen entre el 8 % y el 10 % para sus más de 1.300 emisoras afiliadas. En el caso de PBS y sus estaciones asociadas, aproximadamente el 15 % de sus ingresos provienen de la CPB.
El ataque contra NPR y PBS no es el primero de la Administración contra los medios públicos. En marzo, Trump ordenó el cierre de la Agencia de EE.UU. para los Medios Globales (USAGM), lo que supuso la suspensión en las operaciones de la emisora Voz de América y el cese de más de 1.300 empleados, quienes también demandaron al Gobierno.
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