Las dictaduras en América Latina tienen una característica común: utilizan el sistema democrático para transformarlo a uno totalitarista en el que sea difícil tener acceso al poder y se tenga control incluso sobre la vida privada de las personas.
Eso precisamente es lo que hace Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista en el Poder Legislativo, restringir los derechos y las libertades de todos los ciudadanos mexicanos, incluso de quienes votaron por ellos, porque casi nadie será inmune a las reformas que recientemente se aprobaron en “fast track”.
Para este régimen de izquierda, destruir el modelo democrático ha sido el objetivo, y para ello, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció otro paquete de reformas que incluyen una electoral que finalmente eliminará al Instituto Nacional Electoral (INE), el mismo que avaló una sobrerrepresentación a la coalición oficialista para que obtuviera la mayoría calificada, a pesar de que solamente le correspondía el 54 por ciento de los espacios.
Con esta ilegitimidad, el partido oficial asume que su victoria fue por mayoría, y con ella ha comenzado a realizar reformas peligrosas para las libertades y los derechos de todos los mexicanos; nunca antes vistas en ningún otro sexenio del que se tenga memoria.
Durante el periodo Extraordinario de Sesiones en el Poder Legislativo, que terminó este martes, se aprobó por mayoría, incluso con el apoyo de Movimiento Ciudadano, reformas a las Leyes de la Guardia Nacional (GN), Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos o Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Todas estas modificaciones tienen un solo objetivo y es el control, por ejemplo, la Ley sobre la GN permite a los cuerpos de seguridad pública acceder a información de usuarios de telefonía con pocos o nulos controles efectivos, mientras que la Ley sobre Inteligencia podrá ingresar a bases de datos de todo tipo de los usuarios, y la Ley de Telecomunicaciones permite sin control judicial intervenir comunicaciones privadas, así como obtener la geolocalización.
Por otro lado, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos centraliza el poder y la Ley “Anti-Lavado” permite la concentración de datos personales de los mexicanos, a sabiendas de que no estarán protegidos por los múltiples robos informáticos que ha sufrido esta administración federal.
En septiembre, se ha anunciado un paquete de reformas que van en el mismo sentido, destruir todo resquicio de la democracia y para ello, los partidos políticos serán los principales blancos, y como en otras dictaduras, no importará que sean aliados, al final, el plan es tener un Estado unipartidista.
