La expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) solicitó a la Justicia suspender la ejecución del decomiso por 537 millones de dólares exigido como parte de su condena por irregularidades en la concesión de obras viales, al sostener que su patrimonio es legítimo y que el cálculo del monto es irregular.
“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.
El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 ordenó a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a otros ocho condenados por la denominada causa Vialidad que paguen 685 mil millones de pesos (537 millones de dólares) para cumplir con la ejecución de la pena por irregularidades en la concesión de obras viales.
Según lo dispuesto por la Justicia, Fernández tiene plazo hasta este miércoles para hacer frente al pago. Caso contrario, la Justicia quedaría habilitada para activar un proceso de decomiso de sus bienes.
La cifra exigida a los condenados, así como la metodología a través de la cual fue calculada, fue cuestionada por la defensa de Fernández en los escritos presentados el martes, un día antes del vencimiento del plazo dispuesto por la Justicia.
La defensa planteó que la sentencia original “estableció que el monto era provisorio” y que el mismo sería definido con intervención técnica cuando quedara firme, “pero el Tribunal lo tomó ahora como definitivo sin debate previo,afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.
Por ese motivo, su abogado defensor, Carlos Berardi, solicitó suspender toda ejecución patrimonial“hasta que haya sentencia firme sobre el monto» y requirió a los jueces que dicten «un nuevo fallo conforme a derecho».
Además de Fernández, la Justicia dispuso que los pagos deben ser ejecutados por el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos en prisión.
En su resolución, el TOF 2 estableció el monto a través de peritos contables oficiales y definió la maniobra desarrollada durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández como un «daño producido al erario público» y un «gravísimo hecho de corrupción».
Fernández permanece bajo prisión domiciliaria desde el 17 de junio, tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la condena a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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