México atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La realidad nacional está marcada por una grave crisis económica que amenaza millones de empleos, una inseguridad desbordada que ha obligado incluso a Estados Unidos a presionar a las autoridades mexicanas para que hagan su trabajo, y un deterioro alarmante de la infraestructura pública, cuya falta de mantenimiento se traduce en tragedias cotidianas como inundaciones, colapsos y fallas en servicios básicos.
A este panorama se suma una reforma improvisada al Poder Judicial de la Federación, cuyas consecuencias son aún incalculables y que, lejos de fortalecer la impartición de justicia, la somete a intereses políticos. La ciudadanía enfrenta además interrupciones recurrentes en servicios esenciales como transporte y energía eléctrica, mientras casos de corrupción de dimensiones millonarias —como los detectados en PEMEX y SEGALMEX— continúan impunes. No es menor la vinculación de servidores públicos con grupos criminales, fenómeno que ha erosionado la confianza ciudadana en sus instituciones.
Y en medio de este escenario adverso, el gobierno de Morena ha decidido abrir un nuevo frente: una reforma electoral. Bajo el argumento de reducir supuestos «gastos excesivos» en las elecciones, busca desaparecer los órganos electorales locales, con lo que atenta directamente contra el sistema federal consagrado en la Constitución. La propuesta pretende también eliminar las diputaciones y senadurías de representación proporcional, violentando la pluralidad política y minando el derecho de representación de las minorías.
Detrás de este discurso de «austeridad» y «eficiencia» se esconde un objetivo más profundo: avasallar a la oposición y concentrar aún más poder en manos del partido gobernante. La maniobra es clara: se pretende modificar las reglas del juego electoral para inclinar la balanza en futuras contiendas, debilitando la vigilancia ciudadana y los contrapesos institucionales.
En el fondo, lo que se advierte es que el gobierno de Morena siente el agua al cuello. Tras años de promesas incumplidas, resultados desastrosos y un país que se deteriora en prácticamente todos sus frentes desde 2019, necesita fabricar cortinas de humo que desvíen la atención pública de los verdaderos problemas. La reforma electoral no es, por tanto, una solución a las necesidades del país, sino un distractor calculado para ocultar la incapacidad y el fracaso de la actual administración.
La democracia mexicana no necesita ser desmantelada; necesita ser fortalecida. Y eso comienza por resolver los problemas de fondo —economía, seguridad, justicia, corrupción e infraestructura— y no por alterar las reglas para perpetuar el poder de unos cuantos.
Cualquier intento de modificar el sistema electoral sin consenso amplio, sin transparencia y en medio de una crisis nacional, no es una reforma: es una señal de alarma para todos.
