El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas sanciones para otros cuatro miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y en Afganistán, entre otros.
La Administración de Donald Trump suma así una nueva ronda de sanciones a la CPI después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal, Karim Khan.
Esta vez, Rubió anunció restricciones contra Kimberly Prost, de Canada; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji y Mame Mandiaye Niang de Senegal.
«Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones».
La sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en EE.UU., y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.
La jueza Prost ha participado en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra. En algunos se investiga a fuerzas estadounidenses y a la CIA por su intervención en conflictos globales como el de Afganistán.
De igual modo, los fiscales adjuntos Khan y Niang supervisan investigaciones sobre crímenes graves en Kabul, que incluyen a estadounidenses, y en Sudán.
Por su parte, el juez francés Guillou ha formado parte de la cámara que emitió sanciones de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Galant, entre otros funcionarios israelíes, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
EE.UU. rechaza estas investigaciones y considera al Estado israelí como un estrecho aliado.
El pasado mes de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a la CPI por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel. Según dijo, la Corte ha emprendido «acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos» e Israel, y le acusó de «abusar de su poder».
«EE.UU. ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo de la CPI. La Corte representa una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra legal (“lawfare”) contra EE.UU. y nuestro cercano aliado Israel».
Esta corte, creada por el Estatuto de Roma, se centra juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, países como EE.UU., China, Rusia e Israel no son miembros de ese organismo y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.
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