La globalización, en su versión actual, ha transitado de un ideal de interdependencia a un campo de batalla geoeconómico donde las materias primas son las nuevas herramientas de poder. La reciente acción de China al imponer o amenazar con restricciones a la exportación de minerales estratégicos ha obligado a las potencias occidentales, y en particular a la Unión Europea (UE), a armarse con herramientas legales de nueva generación.
El detonante de esta crisis, según lo reportado por el diario francés Le Monde (28/10/25), fue el anuncio de China de restricciones a la exportación de tierras raras y otros recursos críticos, lo que representa una «palanca poderosa» en su estrategia de política exterior.
Para comprender la magnitud de la alarma, es crucial dimensionar la dependencia tecnológica occidental. El periódico estadounidense The New York Times (28/10/25) subraya que las tierras raras son esenciales no solo para la transición energética (turbinas eólicas y vehículos eléctricos), sino también para la defensa militar avanzada (sistemas de guiado de misiles y tecnología stealth).
La ventaja de Beijing no es solo de extracción; radica en el procesamiento y refinación, donde China controla hasta el 80-90% del suministro global en algunas fases. Las restricciones sobre metales como el galio y el germanio son un recordatorio directo de que el Estado chino está dispuesto a utilizar su posición de monopolio para fines de política exterior.
Ante esta amenaza, la Unión Europea considera seriamente utilizar su «dispositivo anticoerción» —el Instrumento Anticoerción (ACI)—, como lo confirma este día Le Monde. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Económico, el ACI, aprobado a finales de 2023, representa una herramienta unilateral de defensa legal. El instrumento faculta a la Comisión Europea para:
• Investigar cualquier práctica de coerción económica.
• Imponer contramedidas unilaterales (como aranceles, restricción de acceso al mercado de servicios o limitación a la inversión extranjera) si un país presiona a la UE o a un Estado miembro para que modifique una política soberana.
El ACI dota a la UE de una capacidad de «ojo por ojo» legalizado, una necesidad nacida de la aparente lentitud de los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) frente a la coerción de estado.
Este enfrentamiento geoeconómico tiene una repercusión directa en el Derecho Corporativo y el Compliance.
• Riesgo Regulatorio y Due Diligence: La seguridad del suministro ha ascendido a la categoría de variable legal crítica. Los equipos de due diligence ya no pueden basar su análisis solo en la eficiencia de costos, sino que deben evaluar el «riesgo geopolítico» de cada nodo de la cadena de suministro, forzando la diversificación y el friend-shoring.
• Compliance Anticoerción: La posible activación del ACI por parte de la UE, según lo reportado por Le Monde, generaría un riesgo regulatorio inmediato. Las multinacionales deberán integrar la gestión de este riesgo en sus programas de compliance para evitar verse afectadas por contramedidas súbitas que limiten contratos de adquisición pública o inversiones.
En suma, el Derecho ha dejado de ser únicamente un árbitro del comercio para transformarse en un arsenal de defensa activa. La respuesta de la UE con el Instrumento Anticoerción es un claro indicador de que la soberanía económica y la resiliencia industrial son hoy imperativos legales de máxima prioridad en la geopolítica global.
