El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por concluida este domingo la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, tras la publicación de la última partida de documentos relacionados con la investigación.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, afirmó en entrevista con ABC News que la revisión del caso de tráfico sexual contra Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, y su cómplice Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel, “ha terminado”.
En otra entrevista con CNN, Blanche señaló que comprende que las víctimas buscan compensación por los abusos sufridos, pero subrayó que la fiscalía no puede “crear pruebas ni presentar un caso que no existe”.
Estas declaraciones se dieron luego de que un grupo de dieciocho sobrevivientes de Epstein asegurara en un comunicado conjunto que no se detendrán “hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas”.
Las víctimas también denunciaron que algunos nombres y datos personales no fueron censurados adecuadamente para proteger su privacidad. El fiscal prometió corregir esta situación, aunque indicó que representa apenas el 0.001 por ciento de los casos.
Por su parte, la oposición demócrata acusó que la última entrega de documentos, publicada el viernes pasado, está incompleta y no cumple con la ley aprobada por el Congreso, la cual exigía revelar toda la información no clasificada antes del 19 de diciembre de 2025.
El Departamento de Justicia difundió el viernes 3 millones de páginas de documentos del caso Epstein, la última entrega prevista, en la que aparecen mensajes entre el multimillonario y diversas figuras públicas, como el empresario Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales relacionados con la solicitud de prostitución con una menor. Posteriormente, en 2019, fue hallado muerto en su celda en Nueva York mientras esperaba juicio por un caso federal de tráfico sexual.
Aunque el magnate mantuvo vínculos con figuras políticas y empresariales, como Donald Trump y el expresidente Bill Clinton, las autoridades han señalado que no existen pruebas de que estas personas incurrieran en delitos.
El año pasado Trump se opuso inicialmente a la divulgación de los documentos, al considerar que se trataba de una campaña política en su contra. Sin embargo, posteriormente cambió de postura y en noviembre firmó la ley que ordenó su publicación, tras el respaldo mostrado por sectores del Partido Republicano.
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