Cuando su expareja estuvo a punto de matarla, a Metztli no la salvó el Estado mexicano, sino una red de refugios de la sociedad civil, que ahora afrontan obstáculos burocráticos y financieros que amenazan su capacidad de salvar vidas.
Metztli y sus dos hijas habían regresado con su agresor tras ser expulsadas, en 2022, de un refugio para sobrevivientes de violencia feminicida operado por el gobierno de Guerrero (sur del país), un caso que se volvió mediático tras varias denuncias de maltrato institucional.
Pero la violencia escaló. Meses después, cuando el padre de las niñas las amenazó con un arma, Metztli logró contactar a la Red Nacional de Refugios (RNR), donde recibió atención inmediata que salvó su vida y la de sus hijas.
«Si no hubiera conocido la red no estuviera viva», afirma a EFE la sobreviviente, quien egresó del programa el año pasado tras tres años de acompañamiento que le permitieron reconstruir su vida.
Más exigencias y menos protección
Hoy, sin embargo, los 72 refugios que integran la red —que en los últimos dos años han atendido a más de 27 mil mujeres e infancias— encaran trabas administrativas que amenazan su operación y precarizan a su personal, según advierte la directora de la RNR, Wendy Figueroa Morales.
A inicios de enero, la recién creada Secretaría de las Mujeres publicó los lineamientos y la guía operativa del programa para asignar recursos del presupuesto federal de 2026 a estos espacios de protección.
Estas reglas definen cómo los refugios acceden al financiamiento público, una obligación del Estado mexicano establecida en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Belém do Pará, señala Figueroa.
Para la directora de la RNR, los nuevos lineamientos suponen un «retroceso» y resultan «preocupantes», pues trasladan la responsabilidad del Estado a la sociedad civil, al exigirles una carta de «suficiencia presupuestaria para operar ininterrumpidamente», lo que contraviene dichas convenciones internacionales y contrasta con el discurso «feminista» del gobierno de Claudia Sheinbaum.
A ello se suma la reducción de recursos para personal y seguridad en los refugios, una medida especialmente grave en un contexto donde el 40% agresores tienen vínculos con el crimen organizado y usan armas de fuego, según cifras de la red.
El recorte de hasta 60% en seguridad impacta directamente a organizaciones como Sin Violencia, el primer refugio de alta seguridad fundado en 2003 en la fronteriza Ciudad Juárez, uno de los epicentros de la violencia feminicida en México.
Elia Orrantia Cárdenas, directora de este refugio, explica que las nuevas reglas fijan un tope anual de 360 mil pesos para seguridad, cuando esta organización gasta casi 950 mil pesos en una empresa certificada, además invertir en capacitación y sensibilización del personal.
Violencia creciente
Orrantia alerta que estas reducciones ocurren en un contexto de demanda creciente, pues aunque el refugio tiene capacidad para atender a 11 núcleos familiares, ha llegado a recibir hasta 14 mujeres con sus hijos.
Según datos de la RNR, sus Centros de Atención Externa registraron un incremento del 208 % a nivel nacional, entre enero y octubre de 2025.
Entre los casos recientes, relata Figueroa, está el de una mujer que acudió al Ministerio Público para denunciar amenazas y pedir medidas de protección —incluida la salida del agresor del domicilio—, pero su denuncia fue desestimada y fue enviada de regreso con él.
Solo después de volver con 10 heridas de arma blanca en el abdomen, en un intento evidente de feminicidio, las autoridades iniciaron una investigación.
Para Figueroa, este tipo de respuestas exhiben una política que revictimiza y posterga la protección, cuando escuchar y actuar de inmediato puede ser vital.
«Eso hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre tener realmente un acompañamiento digno, que restituya derechos o que haya una revictimización, como vivió ella», subraya.
