La diputada federal de Morena, Julieta Vences Valencia presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para establecer que la cohabitación forzada es una forma de violencia en contra de las mujeres.
La iniciativa con la que se busca adicionar el artículo 6 Bis, un tercer párrafo al artículo 7º, y un segundo párrafo al artículo 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, fundamenta que la cohabitación forzada es la forma de violencia contra las mujeres que consiste en obligarlas, coaccionarlas o presionarlas, mediante violencia física, psicológica, económica, familiar, comunitaria o cualquier otra forma de presión, a convivir en una unión de hecho con una persona, sin su consentimiento libre y pleno.
La también secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, señaló que la cohabitación forzada constituye una forma de violencia familiar y comunitaria, debido a que esta práctica vulnera la dignidad humana, la libertad personal y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, afectando de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres, reproduciendo estereotipos de género y perpetuando relaciones de subordinación.
Vences Valencia reconoció que, aunque el Estado mexicano ha adoptado diversas medidas legislativas orientadas a erradicar las uniones forzadas, especialmente aquellas que afectan a niñas, niños y adolescentes, la problemática no ha sido erradicada. Así lo demuestra, refirió, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2021, la cual reportó que 26.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más en México se unieron por primera vez antes de cumplir los 18 años.
«Esta situación evidencia que, aunque el matrimonio infantil ha disminuido como resultado de las reformas legislativas, las uniones tempranas continúan ocurriendo fuera del vínculo matrimonial, dentro de las cuales pueden presentarse casos de cohabitación forzada, lo que refleja una transformación del fenómeno hacia formas no formalizadas y de difícil detección por el marco jurídico vigente».
En este sentido, sostuvo la congresista, la cohabitación forzada constituye una forma de violencia porque implica la imposición de una relación, la restricción de la libertad personal que de manera frecuente acompañada de otras formas de violencia.
«Situación que, afecta de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres que son las principales víctimas de estas prácticas, reproduciendo además estereotipos de género que perpetúan la subordinación de las mujeres, limitan el ejercicio pleno de sus derechos humanos y constituyen una forma de obstaculizar su desarrollo integral, autonomía y proyecto de vida», expuso.
Por tanto, la legisladora por el estado de Puebla demandó que resulta necesario incorporar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias una definición expresa de la cohabitación forzada, así como reconocerla como una forma de violencia que puede presentarse en el ámbito familiar y comunitario, a fin de fortalecer el marco jurídico nacional y garantizar acciones integrales para su prevención, atención y erradicación.
De lo contrario, dijo, su tratamiento se limita al ámbito punitivo, sin atender las causas estructurales que la originan y sin generar mecanismos eficaces para evitar que continue reproduciéndose en México, concluyó.
