La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles la reforma constitucional que pone tope a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en empresas del Estado, organismos dependientes del presupuesto y la banca de desarrollo, entre otras instituciones públicas.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó entre protestas de jubilados en los accesos del Palacio Legislativo y advertencias de la oposición por su posible efecto retroactivo.
El dictamen fue avalado por unanimidad en lo general, con un total de 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La minuta ya había sido aprobada también en el Senado el pasado 11 de marzo con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.
La propuesta reforma el artículo 127 de la Constitución para establecer que, en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, fideicomisos públicos y demás entes públicos federales, estatales y municipales «no podrán rebasar la mitad de la remuneración» de la persona titular del Ejecutivo federal, casi 70.000 pesos (unos 3.889 dólares).
También ordena que contratos, disposiciones e instrumentos laborales no fijen condiciones superiores a ese límite.
No obstante, la reforma excluye a las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales y las constituidas con aportaciones sindicales en sistemas complementarios.
El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defendió que la reforma no elimina el derecho a la pensión, sino que corrige privilegios financiados con recursos públicos y fortalece la austeridad, en una reforma que considera a estas percepciones como “pensiones doradas”.
Sus aliados, los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) coincidieron en que el sistema «no debe ser espacio para excesos» y que los recursos liberados pueden destinarse a otras prioridades públicas.
En contraste, los opositores Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron en distintos grados el objetivo de eliminar pensiones millonarias, pero cuestionaron los transitorios por considerar que pueden afectar a personas ya jubiladas.
Noemí Luna, del PAN, dijo que su bancada votaría a favor en lo general para quitar privilegios, aunque alertó por la retroactividad; mientras que César Domínguez, del PRI, calificó la iniciativa de «regresiva y lesiva» para derechos adquiridos, mientras Claudia Ruiz Massieu e Irais Reyes, de MC, avisaron que esa aplicación «podría detonar amparos e incertidumbre jurídica».
Incluso Lilia Aguilar, del PT, anunció una reserva para evitar la retroactividad a quienes obtuvieron legalmente su pensión.
Tras la aprobación en lo general, el pleno pasó a la discusión en lo particular de las reservas. Si la Cámara de Diputados confirma el texto de la minuta, al tratarse de una reforma constitucional deberá ser avalada por la mayoría de las legislaturas estatales antes de enviarse al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
