El Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que votará en contra de la reforma al Código Civil de Puebla relacionada con el reconocimiento de las infancias trans, al considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) excede sus facultades al ordenar al Congreso local legislar en la materia.
El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Marcos Castro Martínez, afirmó que su grupo legislativo mantendrá una postura firme frente a la discusión de esta iniciativa.
El legislador cuestionó la resolución emitida por la SCJN y rechazó que el máximo tribunal del país obligue a los congresos estatales a modificar sus leyes para permitir que menores de edad puedan cambiar su identidad de género en documentos oficiales.
Castro Martínez sostuvo que la Corte está rebasando el ámbito de sus atribuciones al intervenir en decisiones que corresponden al Poder Legislativo.
“Nosotros como grupo legislativo no estamos de acuerdo con lo que la Corte está definiendo, independientemente de los argumentos jurídicos. Nos parece un exceso porque está yendo más allá de sus facultades y pretende fungir como el gran legislador del país”.
El coordinador parlamentario señaló que la SCJN también debe considerar las voces de distintos sectores sociales que han manifestado su desacuerdo con la propuesta.
En ese sentido, recordó que organizaciones civiles entregaron al Congreso del Estado más de 23 mil 400 firmas en contra del reconocimiento legal de las infancias trans en Puebla.
Asimismo, destacó que la Arquidiócesis de Puebla emitió un posicionamiento público para expresar su rechazo a la modificación del Código Civil que permitiría el cambio de identidad de género en menores de 18 años.
La discusión del tema continúa en el Poder Legislativo local, luego de que la Suprema Corte ordenó armonizar la legislación poblana para garantizar el derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes.
El debate ha generado posiciones encontradas entre legisladores, organizaciones civiles, colectivos de diversidad sexual y grupos religiosos, en torno al alcance de los derechos de las infancias y las facultades de las instituciones para regular esta materia.
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