Durante una movilización realizada frente al Congreso, se registraron daños al patrimonio público y confrontaciones con ciudadanos. De acuerdo con los señalamientos difundidos, la protesta fue encabezada por grupos vinculados a Renato Romero Camacho, identificado como activista en defensa del agua.
Los hechos reavivaron el debate sobre los límites entre el derecho a la libre manifestación y los actos de violencia, luego de que se reportaran afectaciones a bienes públicos durante la protesta. Diversas voces señalaron que, si bien el disenso es parte de la vida democrática, los actos de vandalismo no pueden justificarse como una forma de expresión.
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