Hasta el 19 de julio, México acumula 48 quejas laborales ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. Estados Unidos y Canadá suman cero. La aritmética resulta incómoda para un tratado que se presume trilateral: de los tres socios que lo diseñaron, uno solo se sienta de manera recurrente en el banquillo.
La industria automotriz y de autopartes concentra actualmente la mayoría de los señalamientos del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Plantas de General Motors en Silao, Tridonex, Teksid, Panasonic, Goodyear, Volkswagen y Pirelli han sido señaladas por presunta injerencia patronal, discriminación antisindical, despidos relacionados con actividades sindicales y obstáculos para una negociación colectiva auténtica.
Los casos también se han extendido a sectores como la minería —con expedientes relacionados con Camino Rojo, San Martín y Minera Tizapa—, así como a centros de atención telefónica, como Atento en Hidalgo.
Las quejas describen prácticas poco compatibles con el discurso oficial: comités laborales controlados por empresas, vigilancia y hostigamiento contra trabajadores que buscan organizarse, contratos colectivos de protección y represalias cuando un sindicato independiente intenta participar en la vida laboral.
En este escenario, México aparece recurrentemente como parte señalada y, por el diseño del propio T-MEC, la carga de demostrar que no existió una denegación de derechos recae en el Estado mexicano. En contraste, para Estados Unidos y Canadá se requiere primero una resolución interna de sus respectivas autoridades laborales.
La Secretaría del Trabajo sostiene que el respeto a la libertad sindical es la mejor garantía para enfrentar este mecanismo y ha señalado casos de remediación exitosa —como GM Silao, Tridonex y Panasonic— como muestra de que el sistema, aunque asimétrico, puede funcionar.
Sin embargo, que funcione no significa que no tenga costos. El 12.5 por ciento de los casos ha escalado a panel, una instancia en la que la controversia deja de ser únicamente diplomática y puede convertirse en un conflicto con implicaciones comerciales.
México retoma el diálogo con Washington en el marco de la revisión del tratado, con la reciprocidad del mecanismo como una de las demandas planteadas sobre la mesa.
Paradójicamente, en un país que afirma colocar a las personas trabajadoras en el centro de su agenda, ha sido un tratado comercial el que ha venido a recordarnos, una y otra vez, que la libertad sindical no se garantiza con discursos, sino con hechos que todavía hacen falta en demasiadas plantas y centros de trabajo.
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