El gobernador Miguel Barbosa explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue quien denunció al auditor superior del estado, Francisco Romero Serrano, por enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita, además de tener una denuncia penal por violencia familiar.
En este sentido, aclaró el gobernador, su Gobierno no denunció a Romero Serrano y tampoco formó parte de su administración, pues la Auditoría Superior del Estado es un órgano autónomo.
El auditor está suspendido por orden de un juez y es indefinida; por lo tanto, procede su remoción del cargo, explicó el mandatario.
Foto de Rafael Pacheco
