La reciente visita de Larry Fink a México y su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum no fue un gesto protocolario, sino una señal sobre el momento que atraviesa el país. La mayor gestora de activos del mundo no establece estos encuentros sin un objetivo claro: evaluar condiciones reales de inversión, medir certidumbre y anticipar la viabilidad de proyectos estratégicos. México busca consolidarse como nodo del nearshoring, con la posibilidad de atraer cadenas productivas y centros de datos de última generación. Pero esa oportunidad tiene un requisito ineludible: energía suficiente, continua y competitiva, además de un recurso cada vez más crítico, el agua.
Ahí emerge la tensión que define este episodio. No es únicamente técnica, es política. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el fracking fue colocado como un símbolo de lo que debía evitarse: un método intensivo en agua y con riesgos ambientales. No solo fue discurso; quedó asentado como la promesa número 75 de su campaña. Sin embargo, esa prohibición nunca se materializó del todo y, en la práctica, proyectos de Pemex continuaron operando bajo ese esquema. Lo que cambia ahora no es la existencia del fracking, sino su lugar en la narrativa.
Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el fracking deja de ser un tema incómodo para convertirse en una posibilidad dentro de una ecuación mayor: atraer inversión en un entorno global que exige infraestructura energética robusta. Este movimiento marca una ruptura con una promesa simbólica central del obradorismo y, al mismo tiempo, abre una nueva fase dentro de la 4T: una transición donde la prioridad ya no es únicamente la coherencia discursiva, sino la capacidad de habilitar condiciones materiales para competir.
El dilema es estructural. Los centros de datos —pieza clave del nuevo mapa económico— requieren cantidades masivas de electricidad y agua para operar. El fracking, por su parte, también demanda grandes volúmenes de agua y puede comprometer los mantos acuíferos. En consecuencia, el desarrollo que se busca atraer comienza a tensionar los mismos recursos que lo hacen posible, colocando al gobierno frente a decisiones donde cada avance implica costos potenciales en sostenibilidad.
En paralelo, comienzan a perfilarse otros activos estratégicos dentro de esta lógica. El litio, por ejemplo, puede leerse como parte de una visión más amplia de desarrollo. Alejandro Armenta planteó posicionar en Puebla la “capital de la tecnología y sostenibilidad”, una idea que en este contexto adquiere nueva relevancia. Integrarlo a la conversación no implica una definición inmediata, pero sí sugiere que el debate energético podría escalar hacia un modelo donde recursos, infraestructura y narrativa comiencen a alinearse.
La visita de Fink no redefine por sí sola la política energética de México, pero sí revela algo más profundo: el país ha entrado en una etapa donde el poder ya no se mide únicamente por control político, sino por la capacidad de sostener, con recursos reales, el desarrollo que busca atraer. En ese terreno, la pregunta central deja de ser si México puede competir y se convierte en otra más compleja: hasta dónde está dispuesto a transformarse para hacerlo.
Con datos de PulsoGob, Inteligencia y Opinión Pública Digital
