Esencia jurídica

Lic. César Sotomayor S.

En México hay miles de personas desaparecidas, muertas. En nuestro país, 50% de los reos federales no tienen sentencia y hay personas que pasan hasta 16 años en prisión sin una resolución en un juicio con debido proceso; En solo 5 años, la cantidad de mujeres en prisión ha aumentado en 56% aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que su participación en la cadena delictiva es menor. Hoy en día, no sólo no se ha reducido el crimen y la violencia, la expectativa de vida se redujo por primera vez desde la revolución.

Todo esto ha sucedido aún con la presencia del Ejército y la Marina en las calles, el nivel de letalidad del Ejército en la supuesta lucha contra el crimen organizado, es mucho mayor a la de un Ejército en conflicto armado. Esto es así, porque el Ejército está hecho para defender al país, y para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía bajo principios democráticos.

Llevar a la Constitución la militarización del país, es un error, nadie ha pedido al Ejecutivo retirar a soldados del territorio de manera irresponsable, se ha solicitado un retiro paulatino de las fuerzas armadas que serían reemplazadas por policías capacitadas en todos los órdenes de gobierno.

El país sigue batallando con recursos y capacitación insuficientes en materia de seguridad pública; un Poder Judicial federal y local con grandes cargas de trabajo; avances muy desiguales y lentos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio; una regresión en el catálogo de delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa.

El pasado 11 de mayo, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación donde se establece que las Fuerzas Armadas del país se sumarían a la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública. No hubo anuncio previo de parte del Ejecutivo en ninguna de sus conferencias matutinas. Aún resuenan en la memoria las palabras del Ejecutivo, quien, en sus tiempos de candidato a la presidencia de México, criticaba acremente la política de intervención del ejército en tareas de seguridad pública, iniciada en el sexenio Calderonista.

El 14 de noviembre de 2018 se creó la Guardia Nacional, para hacerse cargo de las labores de seguridad pública y en cuya integración participarían las Fuerzas Armadas.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este caso México, puede desplegar a las Fuerzas Armadas para cuestiones que no sean un conflicto bélico, por ejemplo, para enfrentar problemas excepcionales de criminalidad o de violencia interna. La Corte ha especificado que, en esos casos, los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas.

Pero aún hay más de fondo, La Ley de la Guardia Nacional la faculta para investigar los delitos, así como para interceptar comunicaciones privadas e incluso para el control migratorio. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara en el sentido de que las Fuerzas Armadas no deben asumir la investigación de delitos, que son de índole netamente policial. Con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió en 2019, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A la fecha todas están pendientes de resolución.

Hay que señalar además que en el decreto del 11 de mayo de 2020 no se distingue cuáles serán los organismos que supervisarán la incorporación de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional; ni qué mecanismos se utilizarán para dicha supervisión y tampoco se precisa si serán autoridades civiles las que la llevarán a cabo. Con dicho decreto el Ejecutivo y el Congreso mexicanos van a contrapelo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de las voces de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de las y los académicos, y las personas expertas, que han hecho propuestas para evitar la militarización de la seguridad pública.

La reforma establece que dicha participación no podrá exceder de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto, es decir, concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024.

Es un tema que se va a seguir debatiendo, tenemos la dicha los mexicanos de contar con dos instituciones como la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional que son realmente pilares del Estado mexicano para la defensa de la soberanía y la protección de los mexicanos. Sin duda que les reconocemos su altísimo valor patriótico y por tanto seguro estoy estarán siempre a la altura de las exigencias de un México moderno y respetuoso de Estado de Derecho.