Blanca Alcalá Ruiz
Las discusiones recientes en torno a la paridad de gubernaturas para el 2021 pusieron en el centro del debate, una vez más, la existencia de una sociedad, en los hechos, patriarcal y desigual.
Recordé las polémicas que, frente a decisiones relacionadas con la participación política de las mujeres, han ocurrido en México y, prácticamente, en todas partes del mundo. Ocurrió así cuando se buscaba el derecho al sufragio para las mujeres, a mediados del siglo pasado; una propuesta postergada en varias ocasiones. No faltó quien, en los años 30, argumentara el temor de que las mujeres podían ser fácilmente influenciadas por la conciencia religiosa, como si fuera la época del oscurantismo. Más adelante se esgrimió que serían controladas por sus maridos, sesgando así la inclinación de sus votos y, con ello, la victoria de un partido en especial.
Descalificar a las mujeres es una práctica que ha estado presente, con argumentos diferentes pero con intenciones similares, en distintos momentos y circunstancias. En especial, en las discusiones por el sistema de cuotas, donde desafortunadamente, en el actual debate, no ha faltado quien exprese que no hay mujeres capaces para asumir los cargos de diputadas, alcaldesas o gobernadoras. Viene a mi memoria aquella expresión de mi contrincante, cuando fui candidata a presidenta municipal, quien aseguró que: “Dados los temas de inseguridad, se necesita tener los pantalones bien puestos para gobernar la ciudad.” Con el tiempo demostré que, con las faldas bien puestas y las neuronas en su lugar, se conducía la ciudad y se entregaban resultados. En aquella ocasión el municipio de Puebla se ubicó como la segunda ciudad más segura del país, solo superada por la blanca Mérida. Todo esto viene a colación ante al debate actual por las quince gubernaturas que habrán de elegirse el próximo año.
Ello, además, en el marco del histórico acuerdo general de INE que, sobre este tema en particular, adoptó en su sesión del 6 de noviembre pasado. Acuerdo relacionado con la emisión de criterios generales que garanticen el principio de paridad de género en las postulación de candidatas o candidatos a las gubernaturas para los procesos electorales locales 2020-2021. Las razones que llevaron a los consejeros a su aprobación son claras y fundadas; recogen antecedentes de jurisprudencia de la Corte, sentencias del Tribunal Electoral de la Federación, legislación reciente (de 2019) en materia de Paridad Total, y reconocen el mandato constitucional y convencional del principio de paridad. Son cuidadosos al definir sus atribuciones como autoridad nacional, cuya responsabilidad será vigilar los dictámenes de registro que los OPLES en cada entidad emitan, y establecen razones de por qué deberían ser al menos siete u ocho postulaciones en cada partido. En realidad, algunos afirman que solo la postulación de mujeres por todos los partidos en las quince gubernaturas permitiría el cumplimiento cabal del principio de paridad, considerando que son treinta y dos las entidades federativas del país y, actualmente, solo dos de ellas son gobernadas por mujeres (la Ciudad de México y Sonora). Eso sí que causaría una revolución en materia de derechos, y, seguramente, una gran rebelión de los varones. El INE también menciona las sanciones que el incumplimiento (el de postular al menos siete) puede generar a los partidos políticos. La realidad es que algunos de estos criterios ya han sido adoptados en otras elecciones; el más reciente, la paridad horizontal y vertical de ayuntamientos donde también se trataba de cargos unipersonales.
Por otro lado, el miércoles pasado, la Mesa Directiva del Senado de la República presentó un recurso de apelación, y una fracción del Partido Acción Nacional impugnó el acuerdo. Aluden, entre otras consideraciones, la facultad exclusiva del Congreso para legislar; señalan que se vulnera el principio de soberanía de cada entidad de la República, y aseguran que el INE se extralimitó en sus atribuciones. El debate dará para mucho en los siguientes días: especialistas a favor y en contra opinarán al respecto; voces de actores y medios también lo harán en ambos sentidos. Lo curioso es que, si se tratara de varones, ya sea jugadores de futbol, artistas o improvisados de la política, el reclamo no existiría o palidecería frente a estas decisiones. Pero al tratarse de mujeres, se esgrimen todo tipo de argumentos para retrasar lo que en la sociedad no solo es un reclamo, sino, hoy también, un precepto constitucional: la Paridad Total, y con ello el acceso igualitario de las mujeres a todos los espacios de decisión.
Una destacada jurista y activista, María del Carmen Alanís, ha expresado recientemente: “Parece que los partidos políticos solo aprenden a golpe de sentencias”. Esperemos que la congruencia aplique en este caso y pronto veamos a siete gobernadoras inteligentes, preparadas, sensibles y asertivas gobernado sus entidades.