Por Adriana Colchado
Una vez más, Pueblita se convierte en epicentro de la atención nacional gracias al viral episodio de Patricio «N» en Lomas de Angelópolis. Este joven, en un arrebato de prepotencia, agrede verbal y físicamente a un guardia de seguridad, intentando luego cambiar el guion al proclamarse víctima al percatarse de que lo están grabando. No pretendamos inventar el hilo negro; claro está que la conducta de este rufián es inaceptable y, para ser sinceros, enardece nuestras tripas de coraje. Pero hoy, en lugar de sumarnos al coro de críticas y hate, exploremos ángulos que en este y otros casos similares se están pasando por alto.
Merece nuestra atención la facilidad con la que la información personal de Patricio se hizo pública en cuestión de minutos. ¿En qué momento nos convertimos todos en jueces y jurados cibernéticos al punto de buscar justicia con un simple clic? La protección de datos personales y la presunción de inocencia son principios fundamentales que, en ocasiones, olvidamos en nuestra carrera por señalar y condenar.
La viralidad de este caso ha llevado a una cacería virtual donde la información personal de Patricio y su familia se ha vuelto del dominio público, claro, porque internet sabe más que la misma Fiscalía. Pero en medio de este tal vez merecido linchamiento digital, debemos detenernos a pensar: ¿Cuál es el propósito de difundir datos personales, fotografías, direcciones y detalles de la vida privada de una familia? ¿No estamos perpetuando una cadena de odio que no hace más que ensuciar nuestra propia alma colectiva e incitar a más violencia?
Otro punto a considerar es la reacción de la institución educativa a la que pertenece Patricio. La Anáhuac, si bien condenó sus acciones, lo suspendió y finalmente terminó por darlo de baja; se ve arrastrada por la marea de estereotipos que surgen cada vez que un alumno comete un acto reprochable. ¿Es justo generalizar y estigmatizar a una institución por las acciones individuales de un estudiante? O sea, sí están buenos los memes y todo, pero la realidad es que ellos no deben responder por las acciones de un junior con la moral dispersa.
Los videos de los padres, protagonizando peleas y amenazas, añaden capas a la reflexión sobre la crianza y los ejemplos que se transmiten en estos hogares. Es innegable que, como individuo, Patricio tiene la responsabilidad de sus acciones y debe ser capaz de diferenciar el bien del mal, como evidenció al intentar fingir inocencia tras su agresión al guardia de seguridad. Y sí, es tentador señalar con dedo acusador a la escuela o a la familia disfuncional de Patricio, pero en realidad, todos somos piezas de una colectividad en constante descomposición. Nos encontramos inmersos en una sociedad que devora y comercializa violencia, mientras glorifica actitudes de supremacía económica. La agresión y la arrogancia no brotan de la nada; son el producto de un cóctel tóxico de influencias y comportamientos aprendidos.
Y la reacción de la comunidad digital ante este suceso viral no puede analizarse de manera aislada en esta descomposición social. La difusión de noticias falsas, como la supuesta pérdida del empleo de Jonathan Nolasco, el joven guardia de seguridad involucrado, también revela la peligrosa tendencia de las redes sociales a magnificar y distorsionar la realidad. ¿Qué ganamos al difundir información sin verificar, más allá de avivar las llamas de la indignación? La verdad es que a los cibernautas nos encanta el drama y las fake news son una forma de enardecer a la comunidad digital.
Es importante señalar que, al tratarse de un agresor menor de edad, las consecuencias legales para Patricio podrían no ser tan severas como algunos esperarían; o sea, el agresor no va a la cárcel. La justicia tiene sus propios procedimientos, y no debemos permitir que el odio desplace a un sistema legal que, aunque imperfecto, busca encontrar un equilibrio en medio de la complejidad humana. Mucho menos debemos permitir que el sentimiento de impotencia y la percepción de que el castigo no es suficiente nos lleven a buscar justicia mediante el acoso cibernético, lo cual fácilmente podría escalar al plano físico.
Ahora, el agresor, el golpeador prepotente, se ve atrapado en un torbellino de acoso y difusión ilegal de sus datos personales. Al ser menor de edad, su rostro no debería haberse viralizado de esta manera. La paradoja de Patricio, de agresor a víctima, nos invita a reflexionar sobre los límites de la justicia digital y el oscuro camino que seguimos al publicar sin discernimiento. ¿Realmente estamos buscando la justicia o solo perpetuando un nuevo tipo de violencia? La historia de Patricio, aunque condenable en sus acciones, nos obliga a cuestionar la moralidad de nuestra sociedad digital.
Gracias a las redes sociales y todos los contenidos pretenciosos que ahí abundan, hoy, tristemente el estatus social es un educador silencioso de las nuevas generaciones. Aunque el odio parezca una respuesta natural cuando se nos cruzan rufianes de este tipo, construir un futuro mejor requiere más que solo señalar con dedos acusadores. Detengamos la cadena de odio y no compartamos información personal de otros para incitar a que los agredan, y también porque es delito. Saludos.
Hasta aquí el chisme, lo viral, el tamal con crema… y también con pasas.
