El Caucus Hispano del Congreso (CHC) de Estados Unidos denunció este jueves las condiciones «crueles e infrahumanas» que se dan los centros de detención de migrantes de la Administración de Donald Trump tras haberlos visitado.
Las visitas a estos centros se realizaron sin aviso y por los propios legisladores, entre ellos el líder del CHC, Adriano Espaillat, y la congresista demócrata de Nueva York Nydia Velázquez que los definió como «cárceles con fines de lucro» donde no se respetan los derechos constitucionales.
«Lo que nosotros y nuestros compañeros presenciamos fue un sistema utilizado para castigar a las personas simplemente por ser inmigrantes».
La congresista de Texas Sylvia García, que visitó un de estas instalaciones en el estado al que representa, en Houston, explicó que el Gobierno ha convertido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en «una unidad policial secreta» que «llevan máscaras y tienden emboscadas» para detener a inmigrantes.
«No se trata solo de inmigrantes. Se trata del Estado de derecho. Se trata de si tu gobierno puede secuestrar a un niño en una parada de autobús por el color de su piel y enviarlo a una prisión sin ir a juicio, sin abogado y sin recurso alguno, porque es lo que ocurre».
La legisladora texana contó que de las 800 personas migrantes que había detenidas en el centro que visitó, solo 10 habían cometido algún crimen, el resto estaban libres de cargos.
Los legisladores relataron diferentes testimonios de personas de «todos los estatus legales, incluidos los residentes permanentes legales, los cónyuges de otros, ciudadanos y las personas que llevan más de una década viviendo en este país», que fueron detenidos, en muchos casos, por sorpresa.
Tras las visitas, los legisladores encontraron situaciones en las que había deficiencias médicas y en las que no se cumplían con la atención básica además de testimonios de amenazas y abusos.
Hasta un caso de una mujer rusa que tendría que haber sido deportada hace un año y que seguía en el centro.
De acuerdo con la información que presentaron, hay unas 50 mil personas en los centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y más de 12 mil de ellos se encuentran en Texas.
«Hoy en día, gastamos 3.400 millones de dólares de los contribuyentes en centros de inmigración que no son más que prisiones».
La legisladora denunció que este dato contrasta con «los solo 840 millones de dólares» que se dedica al sistema judicial para inmigrantes, para que se puedan procesar sus casos y los tribunales les asistan.
El plan de los demócratas es pelear en las cortes las órdenes ejecutivas y la política migratoria que el presidente está llevando a cabo, porque todos coinciden que va en contra de la Constitución.
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