El gobernador del estado mexicano de Durango, Esteban Villegas, reconoció que su visa para ingresar a Estados Unidos está sujeta a una alerta amarilla que lo obliga a presentarse ante un consulado estadounidense para aclarar lo que calificó como un posible problema de homonimia.
«Están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé (a EE.UU.)», dijo a medios locales el mandatario estatal, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Villegas desmintió así que la Administración de Donald Trump le haya cancelado el visado, aunque no explicó cuándo ocurrió dicha alerta amarilla tras ingresar a territorio estadounidense.
Este anuncio ocurre en un contexto de endurecimiento en las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha iniciado una revisión exhaustiva y el retiro de permisos migratorios a diversos políticos, legisladores y funcionarios de diferentes partidos en México.
El fenómeno ha cobrado fuerza tras la reciente difusión de una lista de figuras públicas de alto nivel que han admitido la revocación o suspensión definitiva de sus documentos de viaje por parte de las autoridades estadounidenses en semanas previas.
Entre los nombres más destacados y recientes sobresalen figuras de alto perfil como los exgobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y de Oaxaca, Alejandro Murat, además de legisladores en funciones como el diputado federal Gerardo Fernández Noroña y el senador zacatecano Ricardo Monreal.
La situación del mandatario duranguense refleja el ambiente de escrutinio que rodea a las clases políticas de las entidades del norte del país, donde la relación bilateral y el flujo fronterizo exigen una validación constante de los perfiles de los gobernantes en turno.
Las restricciones aplicadas por los consulados estadounidenses han encendido las alarmas en el Congreso mexicano debido a que la cancelación de ingresos limita las agendas de trabajo binacionales, las misiones comerciales y las reuniones de mandatarios fronterizos.
Dentro de estas tensiones, la gobernadora de Chihuahua, la opositora Maru Campos, exigió recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum que entregue al gobernador de Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos delictivos, una solicitud que la mandataria federal desestimó al calificarla como propaganda.
El Departamento de Estado mantiene una política de no emitir declaraciones públicas sobre casos individuales de visado por motivos de privacidad.
Con información de EFE.
Foto: EFE
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