Mediante un Punto de Acuerdo, la senadora de Morena, Nestora Salgado García exhortó a los congresos de 25 entidades federativas, para que expidan a la brevedad las leyes de amnistía y contribuyan a fortalecer el proceso de reconciliación, de pacificación nacional, de justicia social y para despresurizar los Centros Penitenciarios a fin de evitar mayores contagios por COVID-19.
“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Michoacán de Ocampo, Querétaro, Yucatán, Colima, Aguascalientes, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Sonora, Morelos, Chihuahua, Tabasco, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, para que en el ámbito de sus atribuciones, expidan las leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los que se amnistían en la Ley de Amnistía Federal, publicada el 22 de abril de 2020, en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”.
La congresista por Guerrero lamentó que solo seis estados: Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Durango y Sinaloa, han aprobado leyes de amnistía.
Salgado García demandó que «es tiempo de mirar las causas justas y pendientes que tenemos como sociedad, es tiempo de hacer visible una lucha social histórica y una deuda que tenemos con el pueblo de México, es tiempo de recomponer el tejido social».
Refirió que la Ley de Amnistía que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020, tiene por objeto decretar la amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, para el caso de los siguientes delitos: Aborto, producción, trasportación, tráfico, comercialización, introducción, extracción y posesión de narcóticos, así como el cultivo de plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, ello siempre y cuando las personas que hayan cometido estos delitos se encuentren en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, o bien hayan sido obligadas por su cónyuge, familiares y la delincuencia organizada.
Por cualquier delito, señalo, que hayan cometido personas indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Asimismo, por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.
Destacó que la Ley de Amnistía promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa un acto de justicia y de congruencia histórica con miles de personas privadas de su libertad gracias a factores de exclusión y discriminación social, o como consecuencia de las deficiencias estructurales de nuestro sistema de justicia penal.
Por tal motivo, agregó, la Ley de Amnistía está dirigida a personas que hayan cometido cierto tipo de delitos y para aquellos que puedan ser considerados presos políticos en cualquier parte de la República.
De igual forma, la legislación tiene como propósito fundamental, liberar a personas privadas de su libertad que se encuentren en la cárcel por causas específicas. Sería el caso de jóvenes encarcelados por consumo de drogas o por haber participado en actividades de narcomenudeo o bien, mujeres que fueron sometidas a prisión por realizarse un aborto.
Sin embargo, precisó, que la Ley de Amnistía no aplica para delitos como homicidio, secuestro, delitos cometidos con armas de fuego, reincidentes y, en general, aquellos que hayan cometido delitos contemplados en el artículo 19 de la Constitución.
Nestora Salgado, sostuvo, que la propuesta sólo contempla la posibilidad de liberar a personas que hayan cometido delitos menores y sin violencia.
«La Ley de Amnistía es una expresión concreta del compromiso de aliviar las injusticias que padece el pueblo de México, como la carencia de condiciones reales de acceso a una justicia pronta y expedita íntimamente relacionada con la pobreza, la marginación y el flagelo de la corrupción. Se beneficiará a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia, acusados por delitos inverosímiles”.
De este modo, indicó, con esta Ley de Amnistía se busca beneficiar, en su mayoría, a mujeres privadas de su libertad, mismas que se encuentran procesadas o sentenciadas por delitos menores, por la falta de una defensa adecuada o por razones políticas. Muchas de estas mujeres son indígenas o personas de bajos recursos, mujeres enfermas, solas o abandonadas».
En términos generales, dijo, la amnistía beneficiará a personas procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, tomando en cuenta que su participación en la cadena de distribución, posesión o consumo de alguna sustancia ilícita es menor, tanto en responsabilidad como en cantidades; así como mujeres responsabilizadas de haber cometido aborto.
En suma, se trata de personas cuya condición de pobreza, vulnerabilidad o discriminación estructural la ha convertido en víctimas del mal funcionamiento de nuestro sistema penal y de justicia.
Además, recordó, esta importante Ley se aprobó en medio del contexto de la pandemia del covid-19; motivo por el cual resulta fundamental incorporar mecanismos efectivos para despresurizar los Centros Penitenciarios. En este sentido, es preciso señalar que debido a las condiciones de estrecha proximidad, el encarcelamiento genera las condiciones idóneas para el contagio y éstas se agravan cuando existe hacinamiento, falta de agua y condiciones de higiene.
Al respecto, es preciso señalar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, actualmente hay 220.5 mil personas privadas de su libertad. De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, hasta julio de 2021, 40.3% de los centros penitenciarios del país tenía una sobrepoblación de 3 mil 999 internos.
