Esencia jurídica

César Sotomayor

Se dice que los nuevos estándares de la Administración Pública buscan crear una administración más eficiente y certera, es decir una administración que satisfaga toda necesidad de los ciudadanos a menor costo y en el menor tiempo posible, favoreciendo de este modo a mecanismos que permitan que los usuarios tengan una percepción de que se está promoviendo el desarrollo de la Administración Pública y los servicios públicos con una mayor calidad. Todo esto se logra mediante la implementación de sistemas que controlen y otorguen una plena transparencia de todo proceso, así como los planes y resultados que efectivamente los entes gubernamentales proporcionen.

En esa permanente búsqueda los gobiernos han ponderado los espacios de participación ciudadana para que ésta sea participe del diseño e implementación de las políticas públicas o cambios que se van dando dentro del área de la administración. Ya en algún momento se cuestionó el tamaño del sector público, así como también se pretendió impulsar a través de procesos de modernización muy novedosos la implementación en el sector público lo que en el privado había sido exitoso, no siempre con buenos resultados; se impulsó un proceso de simplificación administrativa y también en aras de la modernización se implementaron procesos de mejora continua.

Históricamente ha existido una inclinación de los gobiernos por impulsar todos estos cambios a través de patrones en los cuales la participación ciudadana ha estado ausente, debido a que los mismos fueron percibidos, definidos, diseñados, ejecutados y evaluados casi exclusivamente desde el gobierno. En la actualidad la ciudadanía reclama espacios de participación, por lo tanto debemos identificar que estamos frente a otro tipo de democracia, si se quiere imperfecta o simplemente diferente, con otros códigos, con otras tradiciones, con otras referencias simbólicas, lo que fomenta en los ciudadanos ánimo de mayor participación en los asuntos públicos.

Todo lo anterior se señala toda vez que el pasado 20 de noviembre fue publicada en el periódico oficial del estado la Ley de Mejora Regulatoria y buena Administración para el Estado de Puebla, evidentemente la debemos entender como un esfuerzo más del actual gobierno para mejorar la administración pública.

A nivel federal, y deseable es que también en nuestro Estado, la Ley General de Mejora Regulatoria sea un parteaguas en pro del bienestar social, la productividad y el crecimiento económico del país, ya que tiene como objetivo la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de los trámites y servicios, lo que refrenda su vocación “económica”, “globalizadora” y “proempresarial”, sin duda es muy importante que desde su concepción se hayan considerados todos estos aspectos, además, tiene por objetivo establecer las bases y los principios a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), en el ámbito de sus competencias, para implementar la política de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y simplificación de trámites y servicios; la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria e instrumentos, herramientas y acciones en la materia.

En relación a sus disposiciones generales, se destaca el punto de partida sobre establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria, sin embargo, las materias que excluye contradicen su objeto, porque no se aplica en las materias fiscal, en contribuciones y sus accesorios; responsabilidades de los servidores públicos, la pertinencia de que sean consideradas tendrá que ser valorada. Es una Ley que sin duda habrá de generar normas claras, además de procurar la simplificación de trámites y servicios, a fin de generar los mayores beneficios sociales con los menores costos posibles en los tres órdenes de Gobierno. Esta ley promete ser el primer eslabón para dar solución al problema de sobrerregulación que existe en México.

• Impacto en los tres órdenes de gobierno;
• Creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria;
• Creación del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios;
• Involucramiento de la sociedad al considerar el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria como un observatorio ciudadano, encargado de vigilar la correcta implementación de la política de Mejora Regulatoria, e
• Instalación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.

En el marco de la aprobación del Congreso del Estado de Puebla, el titular del ejecutivo señaló que la Ley de Mejora Regulatoria del estado de Puebla coloca a la entidad a la vanguardia a nivel nacional, destacó que el Congreso del Estado la haya aprobado, pues hará más eficiente y efectivo el trabajo de las autoridades de nuestro estado.

De un informe se desprende que se diagnosticó que la actual administración encontró más de tres mil trámites, infinidad y duplicidad de requisitos, mientras que en el ámbito digital se hallaron apenas cinco, por lo que indicó que se ha emprendido un trabajo operativo, institucional, digital y de reorganización administrativa, basado en la Ley de Mejora recién aprobada.

Independientemente de que después de su aprobación falta por recorrer una ruta, como lo es la instalación del consejo estatal, la emisión de las disposiciones reglamentarias para dar cumplimiento a la entrada en vigor de la Ley, la instalación de los consejos municipales, etcétera, celebremos este importante esfuerzo que se está realizando para mejorar la practica de la Administración Pública.

Las cosas cambiarán, es un deseo, seguramente para bien, las formas de ejercicio del poder se deben adaptar a la nueva realidad, la necesidad de la existencia del estado y los entes públicos que materializan su actividad y autoridad seguirán vigentes, la Ley de Mejora Regulatoria y Buena Administración para el Estado de Puebla, debe aportar a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.