La Consejería Jurídica y la Secretaría de la Función Pública (SFP) están detrás de la obstrucción en la fiscalización de sujetos obligados de revisión para afectar a la Auditoría Superior del Estado (ASE), denunció Francisco Romero Serrano, auditor general.
Romero Serrano manifestó tener conocimiento de que la secretaria Amanda Gómez Nava giró la instrucción para que los titulares de organismos desconcentrados se excusen para presentar la información solicitada y hasta el momento van 60 sujetos obligados que lo han hecho.
El auditor general apuntó que curiosamente quienes han acatado esta orden lo hicieron bajo el mismo formato y casi a la misma hora, además de que el consejero jurídico Carlos Palafox Galeana fue el encargado de verificar el cumplimiento de la orden.
“Ya me habían comentado que personalmente la titular de la Secretaría de la Función Pública había estado llamando para dar la orden de no entregar la información, curiosamente todas las respuestas de los sujetos obligados se dieron casi a la misma hora y por otro lado bajo el mismo formato, lo cual es absolutamente ilegal”.
Romero Serrano sentenció que esta acción dilatoria se configura en el delito de obstrucción en la fiscalización por lo que presentará las denuncias ante las instancias correspondientes para que actúen en consecuencia.
Foto de archivo de Agencia Enfoque
